- La decisión judicial sobre las condenas de Lula no exoneró al expresidente de Brasil.
Después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Edgar Fachin, decidiera anular el 8 de marzo pasado todas las sentencias contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, relacionadas con la Operación Lava Jato, varias publicaciones en redes sociales circularon asegurando que el exmandatario brasileño había sido declarado “inocente”. Pero no fue lo que sucedió.
Las acciones del 13° Juzgado Federal de Curitiba fueron anuladas porque Fachin consideró que ese tribunal no tenía la competencia para juzgar los casos, no porque Lula hubiera sido exonerado de sus cargos. Ahora, un nuevo tribunal debe analizar si acoge la denuncia, para luego decidir si absuelve o condena a Lula.
“Lula declarado inocente. NOSOTRAS Y NOSOTROS JAMÁS LO DUDAMOS. LULA SIEMPRE HA SIDO INOCENTE. Fue solo la trama de la burguesía, la derecha y los partidos liberales y de centro de Brasil que prefirieron aupar a Bolsonaro. LULA PRESIDENTE!!!”, señala una de las publicaciones compartidas en Facebook (1, 2, 3) y Twitter (1, 2), así como en portugués (1, 2).
El pasado 8 de marzo, el ministro de la Corte Suprema Edson Fachin efectivamente anuló todas las declaraciones emitidas por el 13° Juzgado Federal de Curitiba- anteriormente a cargo del entonces juez Sergio Moro- en el proceso penal contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Juzgado considerado incompetente
Al analizar un habeas corpus presentado por la defensa de Lula en noviembre, Fachin consideró que el 13° Juzgado de Curitiba (sur) no tenía competencia para procesar y juzgar al expresidente por los casos de corrupción que involucran un apartamento en Guarujá, una casa de campo de Atibaia, la sede del Instituto Lula y donaciones al mismo instituto.
En 2017, el tribunal de Curitiba declaró a Lula culpable de haber recibido un apartamento triplex en la ciudad costera de Guarujá, en Sao Paulo, como soborno de la constructora OAS, así como en 2019, de aceptar la remodelación de una propiedad que frecuentaba en Atibaia, a cambio de contratos con empresas estatales. En total, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión y se encuentra en libertad desde noviembre de 2019.
Los otros dos casos, en los que el expresidente fue acusado de recibir transferencias irregulares de la constructora Odebrecht que se hicieron pasar por donaciones al Instituto Lula y de aceptar un soborno de la misma empresa por medio de un terreno para construir la nueva sede del instituto, aún estaban pendientes en Curitiba.
Para Fachin, estas acciones no debieron haber sido procesadas en Curitiba porque los hechos señalados no tenían relación directa con el esquema de desvíos de Petrobras, investigado por la Operación Lava Jato y descubierto por la Policía Federal de Curitiba. Así, anuló todas las sentencias dictadas por ese tribunal para los casos antes citados.
Pero lo anterior no significa que Lula haya sido declarado inocente de los delitos que se le imputan en las sentencias referidas.
¿Inocente?
“De hecho, el ministro Fachin, al juzgar embargos de declaración en un habeas corpus, entendió que el 13° Juzgado Federal de la Sección Judicial de Paraná (…) no era competente, desde el punto de vista territorial, para procesar y juzgar los casos”, explicó Gustavo Sampaio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Federal Fluminense (UFF), al equipo de verificación de la AFP.
“Entonces, en realidad, no exoneró a Lula. (…) Sólo reconoció la incompetencia del juicio. ¿Qué sucede cuando se reconoce la incompetencia del tribunal? El caso se traslada para otro juzgado”, agregó.
Michael Mohallem, docente de Derechos Humanos y Proceso Legislativo de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), coincidió con Sampaio.
“Es una decisión procesal, por lo que nunca se discutió el mérito. En ningún momento se habló de las pruebas, si Lula era corrupto o no, esa discusión no sucedió. Él simplemente dijo: ‘El juicio se llevó a cabo donde no podía haber sucedido, por lo tanto, se anula todo hasta el momento previo a la condena y se traslada a Brasilia’”, explicó el experto.
Consultada por la AFP el 9 de marzo pasado, la oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal confirmó que la decisión del ministro Fachin no absolvió al expresidente Lula:
“El ministro Edson Fachin no analizó los méritos de las decisiones en los procesos antes citados contra el expresidente Lula. Sólo reconoció la incompetencia del 13° Juzgado Federal de Curitiba”.
A pesar de que Lula no fue exonerado, dijo Mohallem, la decisión de la Corte Suprema hizo que el expresidente pasara momentáneamente a la condición de inocente bajo la ley brasileña, ya que la Constitución prevé, en su artículo 5°, que nadie será declarado culpable hasta que se dicte una “sentencia penal condenatoria”.
“Cuando hablamos de una decisión que exonera a alguien, es una decisión que discute el mérito, discute si la persona tiene la culpa”, destacó el especialista, explicando que eso no sucedió en este caso. Pero, “al ser procesal y anular todo, ésta [la decisión de Fachin] cambia el estado jurídico de Lula de una persona condenada, a una persona que apenas es investigada. Por tanto, es inocente de cualquier delito”.
Con esto, Lula recupera sus derechos políticos y vuelve a ser elegible para cualquier cargo público.
¿Qué sucede en esos casos?
En la resolución del 8 de marzo, Fachin ordenó que los casos fueran revisados por una corte federal del Distrito Federal. Eso significa que, ahora, estas acciones serán juzgadas nuevamente por otro tribunal que puede condenar o exonerar a Lula, explicó Gustavo Sampaio.
“Cuando se reconoce la falta de competencia de un juzgado, el nuevo juzgado, ahora competente, tiene que rehacer los actos decisorios. Un juez federal de Brasilia tendrá que juzgar si recibe o no la denuncia que una vez se presentó contra Lula. Y (…) tendrá que emitir una sentencia. Condenar o absolver a Lula”, aclaró.
De acuerdo con la decisión de Fachin, agregó el profesor de la UFF, el nuevo juez podría optar por usar las pruebas recabadas en los procesos anteriores.
“El artículo 567 del Código del Proceso Penal dice que en estos casos el [nuevo] juez puede aprovechar los actos instructivos del proceso anterior. Como, por ejemplo, las pruebas producidas, los testimonios recolectados y los peritajes hechos. (…) Pero, los actos decisorios no”, dijo.
Sin embargo, este uso de pruebas puede verse afectado por otro juicio abierto actualmente en el Supremo Tribunal Federal: el de sospecha de parcialidad del exjuez Sergio Moro, encargado de juzgar a Lula en casi todos los procesos relacionados con Lava Jato.
Reanudado el 9 de marzo, el juicio contra Moro decidirá si el exjuez actuó con interés político para encontrar a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales relacionados con el apartamento de Guarujá.
Para Gustavo Sampaio, si la sospecha es reconocida por el tribunal, incluso las pruebas de los procesos que pasaron por su juzgado en Curitiba se derrumbarían.
“Si la Segunda Sala del Supremo Tribunal acepta el alegato de sospecha -que es totalmente diferente a lo que hizo Fachin- todo lo que se realizó para la instrucción de la Operación Lava Jato se desmorona, incluyendo las pruebas recolectadas por el juez Sergio Moro, no sólo las decisiones tomadas por él, sino también las pruebas recogidas por él, como testimonios, peritajes, documentos, todo eso”, explicó.
Con el marcador empatado 2-2, el juicio sobre la parcialidad de Moro fue suspendido el mismo día en que se reanudó luego de que un quinto ministro, Kassio Nunes Marques, solicitara más tiempo para analizar el proceso.
En resumen, las publicaciones que afirman que el expresidente brasileño Lula da Silva fue exonerado por la decisión del ministro Edson Fachin el 8 de marzo pasado distorsionan la decisión del ministro del Supremo Tribunal. Fachin anuló las sentencias contra Lula relacionadas con el caso Lava Jato, pero no analizó si Lula cometió o no los crímenes por los cuales estaba acusado.
