La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dio luz verde a una reforma a la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con cambios en los requisitos para que empresas que ya operan en El Salvador puedan acceder a incentivos tributarios al ampliar sus actividades.

Uno de los principales cambios planteados consiste en reducir de 10 a cinco años el periodo mínimo de antigüedad que debe tener una inversión u operación en el país para optar a los beneficios establecidos en la legislación.

La propuesta también incorpora la posibilidad de que grupos empresariales sean considerados como una sola unidad económica cuando sus compañías desarrollen sus operaciones de manera coordinada. Para acceder al crédito tributario más alto, equivalente al 30 %, deberán realizar una inversión conjunta de al menos $75 millones, mientras que cada empresa deberá aportar como mínimo $1 millón.

La legislación vigente establece créditos tributarios de 10 % para inversiones de entre $1 millón y $10 millones; de 20 % para aquellas superiores a $10 millones y hasta $20 millones; y de 30 % para inversiones de $20 millones en adelante.

El proyecto modifica además la fórmula para determinar el crédito tributario. El cálculo dejaría de basarse en los resultados de los últimos 10 años y pasaría a tomar como referencia el promedio de los cuatro años más recientes, con un ajuste por inflación.

La reforma contempla, además, flexibilizar las condiciones de exclusión. Con ello, empresas cuyos incentivos ya hayan vencido o que hayan recibido beneficios únicos y no permanentes podrían optar a los beneficios previstos en la normativa.

En ese sentido, las expansiones deberán estar vinculadas con sectores considerados estratégicos, como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, productos plásticos, calzado, productos químico-farmacéuticos, construcción y fabricación de papel.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, sostuvo que los cambios buscan ampliar el alcance de los incentivos y afirmó que tendrán “un impacto catalizador en el crecimiento de nuestra inversión y en el crecimiento del empleo”.

Por su parte, Rodrigo Ayala, presidente de INVEST, informó que desde la entrada en vigencia de la ley, en enero de 2026, se han registrado $502 millones en expansión de inversiones y más de 2,200 nuevos empleos directos y especializados.

La propuesta también permitiría aplicar al ejercicio fiscal 2026 el nuevo método de cálculo del crédito tributario a quienes ya hayan obtenido la calificación de su perfil de inversionista y de su proyecto de expansión antes de que la reforma entre en vigencia.