El debate sobre el salario mínimo en El Salvador ha cobrado fuerza una vez más, ya que el último ajuste se remonta a agosto de 2021. Con el mandato del artículo 159 del Código de Trabajo que exige una revisión al menos cada tres años, diversas organizaciones están presionando por un aumento para contrarrestar la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Saira Barrera, economista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), señala que la negociación del salario mínimo es inherentemente política, involucrando intereses divergentes de trabajadores, empresas y el gobierno. Desde la perspectiva de los trabajadores, un aumento del 25% podría parecer moderado, pero dado el aumento del costo de la canasta básica, apenas representa un pequeño alivio.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) indican un incremento del 25.4% en el costo de la canasta alimentaria en áreas rurales y urbanas desde el último ajuste salarial. Sin embargo, el sector empresarial argumenta que un aumento del 25% sería insostenible, pudiendo llevar a despidos o reducción de plantilla.

Desde la perspectiva gubernamental, se espera que se consideren los efectos macroeconómicos del aumento, incluido el impacto en el empleo y la calidad de vida de los trabajadores. Los economistas también destacan la importancia de promover un crecimiento económico sostenible y mejorar la productividad laboral como una solución a largo plazo.

En última instancia, el debate sobre el salario mínimo en El Salvador no es solo sobre números, sino sobre encontrar un equilibrio entre mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar la salud económica del país.