El Salvador y Costa Rica fortalecen cooperación bilateral
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió en Casa Presidencial a su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, quien realizó una visita oficial al país para conocer la experiencia salvadoreña en seguridad y fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, ambos mandatarios sostuvieron una reunión y ofrecieron declaraciones conjuntas sobre las acciones para combatir el crimen organizado. Como parte de la agenda, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homólogo costarricense, Gerald Campos, firmaron un convenio de cooperación mutua.

Bukele destacó que Costa Rica aún puede enfrentar el avance de la criminalidad sin alcanzar los niveles que, según afirmó, llegó a registrar El Salvador. También señaló la importancia de las reformas legales para procesar a integrantes de estructuras criminales por pertenencia a estas organizaciones.

El mandatario salvadoreño explicó que el sistema penitenciario del país alberga a 120,956 personas privadas de libertad, de las cuales 96,457 están detenidas por pertenencia a pandillas o por delitos vinculados con estas estructuras, según las cifras que presentó durante la conferencia.

Costa Rica busca conocer el modelo de seguridad salvadoreño
Fernández afirmó que uno de los objetivos de su visita es conocer de primera mano el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y aprender de las medidas implementadas en El Salvador para aplicar las lecciones que considere pertinentes en Costa Rica.
La presidenta costarricense agradeció la recepción y destacó la relación entre ambos países, así como el interés compartido en recuperar la tranquilidad de sus ciudadanos.

Bukele, por su parte, expresó su respaldo a las iniciativas de su homóloga para enfrentar el crimen organizado y manifestó su expectativa de que Costa Rica pueda avanzar con reformas legales y herramientas de persecución penal.
La visita incluyó el intercambio de experiencias sobre el sistema penitenciario, el tratamiento de personas vinculadas a pandillas y las medidas jurídicas dirigidas a combatir las estructuras criminales.




