El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió pruebas que serán valoradas en la audiencia de sentencia para determinar si seis inmuebles y 11 vehículos vinculados a ocho afectados pasan a favor del Estado.

Entre los bienes sujetos al proceso figuran propiedades y vehículos relacionados con el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, así como con otras personas vinculadas a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso de Martínez, se decidirá sobre dos inmuebles ubicados en La Libertad y un vehículo marca Chevrolet. El proceso también comprende otros cuatro inmuebles, situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de distintas marcas y modelos, entre ellos tres BMW y dos Porsche.

Bienes vinculados a exfuncionarios de la FGR

Según la información de Centros Judiciales, uno de los inmuebles está a nombre de Margarita Lisset Aguirre González, hermana del exfiscal. Asimismo, dos inmuebles y dos vehículos figuran a nombre de Mauricio Antonio Yanes Morales, exgerente de la FGR.

Otros tres vehículos están registrados a nombre de José Dolores Zelaya Mendoza, exdirector de Recursos Humanos de la institución.Durante la audiencia preparatoria, el juzgado también admitió las declaraciones de propia parte de Luis Martínez y Mauricio Yanes, las cuales serán recibidas en la audiencia de sentencia.

Fiscalía señala posible origen ilícito de los bienes

De acuerdo con la Fiscalía, entre los elementos que sustentan el proceso figuran el presunto origen de los bienes en actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos y el enriquecimiento ilícito, así como la mezcla de patrimonio de procedencia lícita con recursos presuntamente ilícitos.

La investigación patrimonial de la FGR abarcó el período del 4 de diciembre de 2012 al 3 de diciembre de 2015, cuando Martínez se desempeñó como fiscal general.

Según la institución, durante esos años habría operado una red de corrupción integrada por funcionarios públicos y terceras personas que presuntamente actuaban como testaferros.

Entre los hechos señalados por la Fiscalía figuran la supuesta sustracción de fondos provenientes de comisos y decomisos, el uso irregular del patrimonio institucional, el pago de gastos particulares y telefonía personal con recursos públicos, la manipulación y el cierre irregular de investigaciones fiscales, así como la aceptación de dádivas.

La audiencia de sentencia será la etapa en la que el juzgado valorará las pruebas admitidas y determinará si procede la extinción de dominio de los bienes a favor del Estado.