El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, tras una derrota parlamentaria de su Ejecutivo en torno a medidas para afrontar la crisis de la vivienda.

La decisión, comunicada el lunes 5 de octubre, llega después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Gobierno para reforzar la protección de los inquilinos. La iniciativa no obtuvo los apoyos necesarios, luego de que Junts, el Partido Popular (PP) y Vox votaran en contra.

Sánchez justificó el adelanto electoral como una vía para buscar un respaldo parlamentario más amplio. El mandatario afirmó que necesita una mayoría progresista más sólida para impulsar las reformas pendientes y continuar con su agenda de Gobierno.

La vivienda, eje de la campaña electoral

La crisis habitacional se perfila como uno de los asuntos centrales de la contienda. El problema se ha agravado por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes.

La situación ganó mayor atención pública tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda en la que había residido durante décadas en Madrid. El caso provocó protestas en distintas ciudades españolas y reforzó las demandas de medidas para proteger a los inquilinos.

De acuerdo con estimaciones citadas en el debate sobre vivienda, España enfrenta un déficit de cientos de miles de hogares, mientras que los precios inmobiliarios han aumentado por encima de los ingresos de buena parte de la población.

El rechazo de los decretos dejó al Gobierno sin una de sus principales iniciativas recientes en esta materia. Las medidas contemplaban protecciones para los arrendatarios y disposiciones relacionadas con los alquileres.

Un Gobierno con dificultades parlamentarias

Desde las elecciones de 2023, el Ejecutivo de Sánchez ha dependido de los votos de distintas fuerzas políticas para sacar adelante sus propuestas en el Congreso. La coalición gobernante está integrada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la alianza de izquierda Sumar.

Entre los apoyos parlamentarios que ha necesitado se encuentra Junts, formación independentista catalana cuyos siete diputados han sido determinantes en votaciones legislativas.

La relación con ese partido se deterioró tras su rechazo a los decretos de vivienda. A las dificultades para aprobar leyes se suman las controversias por investigaciones de corrupción relacionadas con personas del entorno del PSOE y del presidente, así como las críticas a la gestión de la migración en Ceuta.

España, además, continúa funcionando con los presupuestos de 2023 prorrogados, debido a la falta de respaldo parlamentario para aprobar nuevas cuentas.