El Gobierno de Estados Unidos revocó visas y estableció restricciones de ingreso para funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.

La medida fue anunciada el lunes 28 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado y afecta principalmente a ciudadanos bolivianos. Entre los sancionados figuran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima, y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

También fueron incluidos el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de Policía Frans William Cabrera.

Según el Departamento de Estado, las restricciones se aplican bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al considerar que los afectados “atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región”.

La medida también contempla a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa, pero fueron declarados inelegibles para obtenerla en el futuro.

Restricciones a ciudadanos de Colombia y Perú

Entre los ciudadanos colombianos afectados se encuentran el empresario Euclides Antonio Torres y Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que forma parte de la coalición Pacto Histórico, según el Departamento de Estado.

En Perú, la medida alcanza al juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.

Además, Estados Unidos impuso restricciones a otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque el comunicado no identifica sus nombres.

“El mensaje del presidente Trump y del secretario Marco Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos”, señala el comunicado del Departamento de Estado.