Miles de trabajadores participan este miércoles 11 de noviembre de 2026 en una huelga general de 24 horas en España para exigir soluciones a la crisis de vivienda, mejoras salariales y medidas frente al encarecimiento del costo de vida. La jornada ha provocado cortes de carreteras, interrupciones del transporte público y enfrentamientos con la Policía en distintos puntos del país.

La movilización, la primera de alcance nacional en 14 años, fue convocada por los sindicatos CCOO y UGT, junto a organizaciones vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda. La protesta coincide con un escenario de tensión política, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el acceso a una vivienda asequible. Según las estimaciones citadas durante las manifestaciones, España enfrenta un déficit de aproximadamente 750,000 viviendas, una cifra que podría superar el millón antes de finalizar la década. El incremento de los alquileres también ha dificultado la independencia residencial de los jóvenes.

Bloqueos y enfrentamientos durante la jornada

En Madrid, cerca de mil trabajadores se concentraron frente a Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país. Los sindicatos denunciaron que agentes policiales utilizaron gas pimienta contra participantes que informaban sobre las razones de la huelga.

Durante los incidentes, 13 personas recibieron asistencia médica y una fue detenida. Además, al menos ocho personas resultaron heridas durante una intervención policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Las protestas también afectaron la circulación vehicular. Los manifestantes bloquearon accesos a la capital durante las primeras horas del día, mientras que en Cataluña se reportaron interrupciones en más de 30 carreteras.

La convocatoria también generó reacciones políticas. Empresarios y partidos conservadores y de ultraderecha cuestionaron la movilización y la vincularon con intereses electorales. En contraste, el Gobierno de coalición de izquierdas pidió respetar el derecho a la huelga y varios ministros respaldaron públicamente las demandas de los trabajadores.