La Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 y distribuir $97 millones entre 13 instituciones públicas que requieren refuerzos presupuestarios durante el segundo semestre del año.

Según el informe presentado por la comisión, los recursos serán destinados a atender compromisos considerados prioritarios e impostergables para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Durante el análisis de la reforma, los legisladores recibieron los aportes técnicos de Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y Laura Arce, subdirectora general del Presupuesto.

Ambos funcionarios señalaron que Hacienda identificó asignaciones disponibles provenientes de gestiones de títulos valores de crédito, que podrían ser utilizadas para cubrir las necesidades planteadas.

Distribución de los recursos

Del monto propuesto, las principales asignaciones corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con $37 millones; al ramo de Seguridad Pública y Justicia, con $31,189,835; y al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, con $19 millones.

También se contemplan $2.7 millones para la Fiscalía General de la República (FGR), $1.5 millones para el Ministerio de Economía, $1.3 millones para Obras Públicas y Transporte, $1.225 millones para Medio Ambiente y Recursos Naturales y $3.085 millones para Turismo.

De acuerdo con Arce, los fondos para el MAG serán utilizados para fortalecer los agromercados y cubrir gastos de logística y operatividad.

En Seguridad Pública y Justicia, los recursos estarán orientados al proceso de rehabilitación de personas privadas de libertad y al cumplimiento de condiciones mínimas durante las detenciones.

Para Gobernación, el refuerzo presupuestario se destinaría al fortalecimiento institucional y territorial de las políticas públicas, mientras que la FGR utilizaría los fondos para compromisos relacionados con litigios internacionales y gastos de funcionamiento.

En el caso de Medio Ambiente, el dinero serviría para cubrir gastos vinculados con prevención de riesgos y educación ambiental. Turismo, por su parte, requiere los recursos para financiar eventos internacionales.

Fondos para instituciones descentralizadas

La reforma también contempla recursos adicionales para cinco instituciones descentralizadas no empresariales.

La Dirección de Integración recibiría $10 millones para cubrir servicios de transporte y alimentación, procesos formativos y becas del programa “Florecimiento Salvadoreño”.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) obtendría $1,189,835 para financiar la emisión gratuita del DUI a quienes lo reciban por primera vez.

Asimismo, CIFCO tendría una asignación de $1.5 millones para su fortalecimiento institucional durante el último trimestre del año.

La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos recibiría $1.3 millones para gastos de financiamiento y continuidad operativa relacionados con la gestión integral de desechos sólidos.

Finalmente, la Corporación Salvadoreña de Turismo dispondría de $2 millones para acciones destinadas a promover al país como destino turístico y atraer visitantes e inversionistas.