Daniel Ortega afirma que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones para cambiar el gobierno
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su administración no permitirá elecciones que puedan cambiar el control político del oficialismo, durante un discurso por el aniversario de la revolución sandinista, según declaraciones del mandatario.
Durante la actividad realizada en Managua, Ortega señaló que la oposición no volverá a tener la posibilidad de competir por el gobierno mediante comicios y anunció que impulsará, junto con la Asamblea Nacional y otras organizaciones, medidas legales para impedir lo que calificó como intentos de desestabilización.
El mandatario gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo. En febrero de 2025, una reforma constitucional estableció la figura de copresidenta para Murillo, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia.
Reforma constitucional modificó el calendario electoral
La reforma aprobada a inicios de 2025 amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, modificó la estructura del Estado y otorgó nuevas atribuciones al Ejecutivo, según el texto. Estos cambios han sido cuestionados por organismos internacionales como la ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo.
Con la modificación del periodo presidencial, las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 quedarían, en teoría, para noviembre de 2027.
Ortega también anunció que trabajará con el Parlamento, al que describió como parte del proceso para establecer normas que impidan el regreso de sectores opositores al poder.
Críticas internacionales a la reforma
El Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó en enero pasado la designación de Murillo como copresidenta, al señalar que el cargo no surgió de una elección y que, según su postura, carece de legitimidad democrática.
Además, Estados Unidos afirmó que el gobierno de Ortega y Murillo ha limitado el derecho al voto democrático en Nicaragua, mientras organismos internacionales y opositores han señalado cambios institucionales y restricciones a la participación política.






