El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, condenó a penas de hasta 199 años de prisión a integrantes del corporativo ARGOZ por delitos relacionados con estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas, según la resolución judicial.

La pena más alta fue impuesta a Leticia Farfán de Gómez, quien recibió 199 años de cárcel por 23 casos de estafa agravada, casos especiales de lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.

Asimismo, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán fueron condenados a 189 años de prisión cada uno por 23 casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Edwin Omar Rivera López recibió una condena de 37 años por cuatro casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas, mientras que Mónica Iveth Sanabria de Uriarte fue sentenciada a 13 años de cárcel por un caso de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.

El tribunal también condenó a Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, quienes fueron juzgados en ausencia y se desempeñaban como apoderados legales, a cinco años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas.

Como parte de la sentencia, Leticia Farfán de Gómez, Natalia Gómez Farfán, Rodrigo Javier Gómez Farfán, Edwin Omar Rivera López y Theodoro Portillo Pineda deberán asumir la responsabilidad civil mediante la reparación a las víctimas. De acuerdo con la resolución, esta consistirá en cubrir el costo total de la legalización de las lotificaciones de las víctimas, utilizando para ello el dinero incautado a Leticia Farfán de Gómez y un lote de joyas presentado durante el proceso.

Caso se originó en la década de 1980

Según la resolución judicial, los hechos se remontan a la década de 1980, cuando fue fundada ARGOZ S. A. de C. V. Con el paso de los años, se crearon múltiples sociedades que obtenían los derechos sobre las propiedades y posteriormente eran declaradas en quiebra, lo que derivó en problemas contractuales para personas que adquirieron terrenos con el corporativo.

El tribunal señaló que los compradores continuaban pagando sus cuotas mensuales y, en algunos casos, pese a haber cancelado la totalidad de la deuda, no obtenían las escrituras de sus inmuebles.

En esta primera fase del proceso se acusó a los imputados por estafa agravada en perjuicio de 24 víctimas. Además, la resolución indica que a Leticia Farfán de Gómez le fueron incautados $297,000 en efectivo que no pudo justificar, hecho por el que también fue condenada por lavado de dinero y activos.

Respecto al delito de agrupaciones ilícitas, el juzgador aplicó la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, mediante la cual atribuyó la totalidad de los delitos a quienes identificó como mandos de la estructura.

La resolución establece que esta sentencia corresponde a la primera fase del caso, mientras que una segunda etapa del proceso continúa en la fase de instrucción en otro Tribunal Contra el Crimen Organizado.