Un tribunal de Bolivia dispuso este lunes la detención preventiva por seis meses de Vicente Salazar, principal dirigente de los sindicatos que encabezaron los bloqueos de carreteras entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La medida fue dictada durante una audiencia cautelar realizada de forma virtual. Según informó el fiscal Walter Lora, integrante de la comisión del Ministerio Público que investiga el caso, Salazar deberá permanecer en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, el dirigente fue imputado formalmente por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte.

Lora señaló que el juzgado determinó que existen suficientes elementos de convicción sobre la probable comisión de esos delitos y consideró acreditados riesgos procesales para justificar la aplicación de la prisión preventiva.

El fiscal explicó además que se solicitó el traslado de Salazar a la cárcel de Chonchocoro debido a que otro de los investigados en el mismo proceso ya cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz.

Salazar fue detenido el sábado por agentes policiales cuando se desplazaba en un vehículo por la ciudad de El Alto, vecina de la sede de Gobierno boliviana.

Según el Ministerio de Gobierno, que presentó la denuncia, el dirigente fue identificado como uno de los organizadores y convocantes de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante más de 50 días en distintas regiones del país.

Las protestas fueron impulsadas inicialmente por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), y posteriormente recibieron el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado.

De acuerdo con las autoridades, los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías, así como pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.