Un juez español acordó abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La resolución, emitida por el magistrado Juan Carlos Peinado y divulgada este sábado, también establece medidas cautelares contra Gómez. Entre ellas figuran la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.

Según el auto judicial, la decisión se produce tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron restricciones al considerar que existía riesgo de fuga. La petición fue encabezada por la organización Hazte Oír.

El magistrado sostuvo que las diligencias realizadas permiten apreciar “indicios racionales de criminalidad” que justifican la continuidad del proceso. Además, argumentó que la gravedad de las penas asociadas a los delitos investigados podría incrementar el riesgo de que la acusada eluda la acción de la justicia.

La Fiscalía y la defensa se opusieron a la aplicación de medidas cautelares y reiteraron que, a su juicio, no existen fundamentos suficientes para sostener la causa. Asimismo, los abogados de Gómez rechazan las acusaciones y sostienen que no hay pruebas que acrediten la comisión de delitos.

La investigación se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, relacionada con la participación de Gómez en actividades vinculadas a una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

En la misma resolución, el juez también envió a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, a quien atribuye los mismos delitos investigados. Además, procesó al empresario Juan Carlos Barrabés por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el ámbito privado.

Tras conocerse la decisión, fuentes del Palacio de La Moncloa cuestionaron la resolución judicial y sostuvieron que la investigación carece de sustento jurídico. Por su parte, el proceso continuará con la conformación de un jurado popular, encargado de determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.