El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de restricciones de visado contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, en respuesta a la muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida el pasado 30 de mayo en Managua.

Según el Departamento de Estado, las medidas fueron adoptadas bajo la Proclama Presidencial 10309, que impide el ingreso a territorio estadounidense de personas vinculadas a acciones que, según Washington, debilitan las instituciones democráticas en Nicaragua.

“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, indicó el Departamento de Estado al confirmar las sanciones.

El comunicado también señala al funcionario nicaragüense Lumberto Campbell Hooker, a quien acusa de oponerse a la atención médica del dirigente indígena y de impedir la entrega de sus restos a la familia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en redes sociales que la administración estadounidense continuará con medidas contra lo que considera violaciones de derechos humanos en Nicaragua, señalando la responsabilidad del Gobierno en la muerte de Rivera.

Con este nuevo paquete, Estados Unidos eleva a más de 2.350 el número de funcionarios nicaragüenses y familiares afectados por restricciones de visado, mientras sostiene que las acciones buscan exigir responsabilidades por presuntas violaciones de derechos humanos en ese país.