El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Edwin Enrique Parada Quezada, exalcalde de El Congo, por delitos relacionados con actos de corrupción cometidos durante su administración entre 2012 y 2015.

De acuerdo con la resolución judicial, la condena fue impuesta por los delitos de negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada bajo la modalidad de delito continuado. La pena se divide en ocho años por negociaciones ilícitas, cuatro años por cohecho impropio y ocho años por falsedad documental agravada.

El exfuncionario, quien gobernó bajo la bandera del Partido de Concertación Nacional (PCN), permanece en calidad de rebeldía. Durante la vista pública se informó que la orden de captura en su contra sigue vigente y que deberá cumplir la condena una vez sea detenido.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Parada Quezada pagar $293,816.45 en concepto de responsabilidad civil. Sobre los bienes incautados, la jueza dispuso remitir el caso al Juzgado de Extinción de Dominio, instancia que definirá el destino de los inmuebles.

En el mismo proceso fue condenado Amílcar Eduardo Jaco Estrada, identificado como persona de confianza del exalcalde, a seis años y cuatro meses de prisión por su participación como cómplice necesario en negociaciones ilícitas y cohecho impropio. También deberá cancelar $21,388.12 al Estado como responsabilidad civil.

Por otra parte, Efraín Alcides Castro Sánchez, quien se desempeñaba como octavo regidor de la alcaldía, recibió una condena de cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes.

Mientras tanto, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera, exsíndico municipal, fue condenada a tres años de prisión tras admitir los hechos mediante procedimiento abreviado. Como parte de las medidas impuestas, deberá mantener su residencia y presentarse ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana cuando sea requerida.

Según el proceso judicial, Cabrera de Rivera ya canceló $21,388.12 al Fondo General de la Nación en concepto de responsabilidad civil.

Según el desfile probatorio presentado durante el juicio, la investigación comenzó en 2013 tras un informe de la Corte de Cuentas de la República que detectó irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la Alcaldía de El Congo.

Las autoridades señalaron que las anomalías ocasionaron un perjuicio económico al Estado de $376,903.90.

La investigación concluyó que Parada Quezada y los demás implicados utilizaron prestanombres para adjudicarse contratos municipales, omitiendo procedimientos legales y obteniendo beneficios económicos con fondos públicos.