La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática dejará de aplicarse, y que los casos no resueltos serán canalizados a través de otros mecanismos institucionales.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados (…) hay otros espacios donde se pueden canalizar”, expresó Rodríguez durante un acto en el Palacio de Miraflores, transmitido por el canal estatal.

Según explicó, los expedientes pendientes podrán ser evaluados mediante el Programa de Convivencia Democrática y Paz y la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, recientemente instalada.

La normativa, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, contemplaba la liberación de personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a hechos políticos durante los últimos 27 años. Su impulso se produjo tras la detención de Nicolás Maduro a inicios de enero, en un operativo militar estadounidense, hecho tras el cual el Gobierno anunció liberaciones como parte de una estrategia orientada a la convivencia.

No obstante, el alcance de la ley fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que señalaron exclusiones en su aplicación. Entre ellas, la no inclusión de militares y personas vinculadas a acciones armadas.

Además, aunque el texto establecía cobertura entre 1999 y 2026, en la práctica se limitó a 13 episodios específicos de crisis política desde 2002, lo que, según organizaciones como Foro Penal, dejó fuera numerosos casos registrados en al menos 15 años del período contemplado.

Sobre los resultados, el diputado Jorge Arreaza indicó que 8.616 personas recuperaron su libertad desde la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, Foro Penal reportó cifras distintas y señaló que, desde el 8 de enero de 2026, se han registrado 768 excarcelaciones, de las cuales 186 estarían relacionadas directamente con la amnistía.