La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, han reintegrado al Estado salvadoreño $5,545.75 de los $4,482,307.53 establecidos en la condena civil por enriquecimiento ilícito emitida en enero de 2021.

De acuerdo con un comunicado fiscal, la Cámara Primera de lo Civil desarrolló una audiencia de liquidación tras la solicitud de ejecución forzosa presentada por los fiscales del caso. En dicha audiencia, una representante del Ministerio Público detalló el monto abonado hasta la fecha por los condenados.

Según la FGR, del total de la condena, se busca que el expresidente devuelva $3,970,013.23, mientras que a la exprimera dama se le atribuyen $589,608.52.

Las autoridades señalaron que el proceso de liquidación permite determinar cuánto se ha pagado, lo pendiente y los mecanismos para recuperar los fondos restantes. “Aquí lo que procede es la ejecución con los bienes que tenemos incautados, cuentas ya fueron abonadas en favor del Estado y un inmueble que tenemos a favor”, explicó la fiscal durante la audiencia, sin precisar detalles de los activos.

Bienes recuperados y extinción de dominio
La Fiscalía también informó que el pasado 11 de marzo de 2026 se notificó la recuperación de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al exmandatario, los cuales pasaron a manos del Estado mediante procesos de extinción de dominio.

De acuerdo con las autoridades, estos bienes están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos durante la administración presidencial de Saca, entre 2004 y 2009.

Las investigaciones determinaron que el exgobernante utilizó siete sociedades para movilizar recursos estatales, los cuales habrían sido destinados a la adquisición de propiedades en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. Asimismo, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó la disolución de dichas sociedades.

Antecedentes judiciales
Saca fue condenado en 2018 a 10 años de prisión tras declararse culpable de delitos relacionados con corrupción, incluyendo peculado y lavado de dinero. Durante el proceso judicial, admitió la apropiación de aproximadamente $300 millones de fondos públicos.

Posteriormente, en 2019, recibió una nueva condena de dos años de prisión por el pago de $10,000 a una empleada judicial para obtener información de un proceso en su contra.

Según resoluciones judiciales, el expresidente cumplirá su pena en octubre de 2026.