El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a varios integrantes de una estructura acusada de cometer robos agravados y homicidios contra usuarios de cajeros automáticos en diferentes puntos del país, según la resolución judicial.

La mayor condena fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, sentenciado a 314 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con el fallo, el imputado ejercía funciones de liderazgo dentro del grupo.

En el mismo proceso, Luis Alonso Mejía Hernández recibió una condena de 192 años de cárcel por robo agravado y agrupaciones ilícitas. Según la resolución, su función dentro de la estructura consistía en trasladar a los miembros hacia los lugares donde se cometerían los delitos.

Asimismo, Moisés Antonio Rivera fue condenado a 177 años de prisión y Aurelio Wilfredo Vásquez, alias “Zapato”, a 166 años. En total, otras 34 personas fueron sentenciadas a distintas penas dentro del mismo proceso judicial.

Según el dictamen de acusación, a los imputados se les atribuye la muerte de cuatro personas que habían retirado dinero en agencias bancarias, entre ellas una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil, además de 26 robos agravados.

Las investigaciones determinaron que los miembros de la estructura utilizaban distintos métodos para identificar a sus víctimas. Entre ellos, se estableció que podían calcular el monto retirado por los usuarios al escuchar el sonido que emitía el cajero automático al contar el efectivo antes de entregarlo.

Uno de los casos incluidos en el proceso ocurrió el 22 de mayo de 2021, cuando una profesora fue asesinada tras salir de una agencia bancaria en Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. De acuerdo con la investigación, la víctima fue seguida por los atacantes, quienes la interceptaron para robarle $2,600. Al oponer resistencia, recibió un disparo en la cabeza.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de víctimas y otras pruebas que, según el proceso, permitieron establecer la participación de los acusados en los hechos. También se incorporaron análisis sobre la estructura del grupo, así como la distribución de funciones entre sus integrantes para ejecutar los robos.

Según la investigación fiscal, la estructura fue desarticulada durante un operativo realizado la madrugada del 25 de octubre de 2022.