La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de la campesina Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997.

La sentencia fue leída por el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, durante una audiencia del organismo con sede en San José, Costa Rica. En su resolución, la Corte también ordenó al Estado peruano continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima y, de ser necesario, procesar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el tribunal interamericano, Ramos Durand habría recibido visitas reiteradas de personal de salud que intentó convencerla de someterse a una ligadura de trompas. Durante la operación sufrió complicaciones médicas y posteriormente fue trasladada a una clínica en la ciudad de Piura, donde permaneció en estado de coma y falleció.

Tras el procedimiento, el esposo de la mujer presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la cirugía. Sin embargo, el caso fue archivado en su momento. Según los antecedentes del proceso, la investigación penal se ha reabierto y archivado al menos en dos ocasiones desde entonces.

Política de esterilizaciones en la década de 1990

La decisión judicial se relaciona con el programa de planificación familiar aplicado en la década de 1990 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Según estimaciones citadas en el proceso, alrededor de 300.000 mujeres fueron sometidas a esterilizaciones en ese período.

En 2024, un comité de la Organización de las Naciones Unidas señaló que esta política podría constituir un “crimen de lesa humanidad”, al considerar que vulneró de forma sistemática los derechos de las víctimas.

De acuerdo con ese organismo, más de 300.000 mujeres —principalmente campesinas e indígenas— fueron esterilizadas de forma forzada, frente a cerca de 25.000 hombres.

Las denunciantes han señalado que muchas fueron engañadas o presionadas para aceptar las intervenciones en clínicas con infraestructura limitada o sin personal especializado. Algunas de las afectadas, según los testimonios presentados, no sabían leer ni hablaban español o no comprendían el procedimiento al que eran sometidas.

El programa de esterilizaciones se desarrolló durante los últimos cuatro años del mandato de Fujimori y concluyó en 2000, tras una década de gobierno marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción.