El Gobierno de Suecia anunció este miércoles su intención de incrementar el número de deportaciones de inmigrantes condenados por delitos, al establecer como regla general la expulsión en casos donde la pena supere una multa.

El ministro de Migración, Johan Forssell, informó en rueda de prensa que el proyecto de ley obligará a los fiscales a solicitar la deportación como parte de la sentencia, en lugar de dejar la decisión a criterio del Ministerio Público. “Por demasiado tiempo en Suecia, se ha mimado a los delincuentes extranjeros que han cometido delitos graves en el país”, declaró.

La propuesta será remitida al Consejo de Legislación para su revisión antes de ser presentada ante el Parlamento. Según el ministro, la intención es que la normativa entre en vigor el 1 de septiembre.

De acuerdo con estimaciones del Ejecutivo, la medida podría derivar en aproximadamente 3.000 deportaciones anuales, frente a un promedio actual cercano a 500.

Contexto de seguridad

Suecia enfrenta desde hace más de una década un aumento del crimen organizado, vinculado principalmente a disputas entre pandillas y al control del mercado de drogas. Aunque los tiroteos mortales han disminuido, los atentados con explosivos han aumentado, según estadísticas oficiales.

El gobierno encabezado por el primer ministro Ulf Kristersson, en el poder desde 2022 con el respaldo del partido Demócratas de Suecia, ha impulsado reformas orientadas a endurecer la política migratoria y reforzar la legislación penal. Entre otras medidas, amplió facultades policiales, endureció sanciones contra la delincuencia juvenil y planteó reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.