La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este miércoles 14 de enero de 2025 la ratificación de una reforma constitucional que dispone que los ciudadanos nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con lo informado por el Legislativo.

La medida forma parte de una reforma más amplia a la Constitución impulsada en 2025, la cual, según distintos análisis, consolidó mayores atribuciones en la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa había sido aprobada en primera legislatura en mayo del año pasado, a solicitud de ambos mandatarios, y quedó firme tras su ratificación en el segundo periodo legislativo.

A través de la red social X, la Asamblea Nacional señaló que la normativa establece que “los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”, y añadió que la disposición reafirma su concepción de la nacionalidad como un compromiso con la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país.

La nueva legislación también contempla que los extranjeros que opten por la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los ciudadanos de países centroamericanos, según indicó el órgano legislativo.

En los últimos años, el gobierno de Ortega y Murillo ha retirado la nacionalidad a cientos de opositores y críticos, a quienes ha señalado como “traidores a la patria”, muchos de los cuales fueron expulsados o forzados a abandonar el país, de acuerdo con denuncias de organizaciones opositoras.

Posturas enfrentadas sobre el alcance de la ley
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó en 2025 que la prohibición de la doble nacionalidad no tendrá efectos retroactivos. Sin embargo, organizaciones opositoras en el exilio han expresado dudas sobre la aplicación de esta disposición.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense calificó la reforma como un “castigo” y advirtió que podría incrementar el exilio forzado. En la misma línea, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) rechazó la eliminación de la doble nacionalidad al considerar que profundiza lo que describió como una “escalada autoritaria” y genera mayor incertidumbre entre quienes han adquirido otra nacionalidad.

En un comunicado difundido tras la aprobación en primera legislatura, Unamos sostuvo que la nacionalidad es un derecho inherente a la persona y cuestionó que pueda ser revocada de forma arbitraria.

El contexto político en Nicaragua sigue marcado por las consecuencias de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 personas fallecidas, según organismos de derechos humanos. Aunque recientemente el gobierno liberó a una veintena de opositores encarcelados, organizaciones como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señalan que aún permanecen decenas de detenidos.

De acuerdo con informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud, mientras que Murillo habría intensificado medidas contra sectores críticos y realizado cambios internos para asegurar la continuidad del gobierno.