La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la defensora de derechos humanos,  Ruth Eleonora López Alfaro, y del abogado constitucionalista, Enrique Anaya Barraza. El organismo considera que ambos se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador”.

En el caso de Ruth López, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, la CIDH señaló que desde su traslado a la Granja de Izalco se encuentra “incomunicada” y sin contacto con su familia ni con sus abogados. El organismo advirtió que esta situación genera incertidumbre sobre su estado actual y su condición de salud, considerando que padece enfermedades crónicas.

Ante este escenario, la CIDH pidió al Estado salvadoreño que cese de inmediato la incomunicación prolongada, garantice el acceso regular con familiares y representantes legales, y revise la continuidad de la prisión preventiva. El organismo enfatizó la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la detención, en línea con los estándares internacionales.

En un comunicado, la CIDH informó que el Estado salvadoreño aseguró haber adoptado medidas de atención, como permitir el envío de paquetes de higiene y alimentos, así como integrar a López en actividades generales dentro del centro penitenciario. También indicó que se garantizaría su derecho a la salud mediante un traslado a un penal con mejores condiciones y cuidados médicos adecuados.

No obstante, la Comisión insistió en que el Estado debe reforzar las garantías para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de López y Anaya. Además, reiteró que las condiciones de detención deben ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.