La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, elevó el juicio civil contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo, hasta la audiencia probatoria, donde los magistrados determinarán si son condenados o exonerados.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas en las que se señala un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, cuando Soto Lazo ejerció como diputado por Usulután.

La investigación se basa en documentación certificada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que detectó 25 irregularidades entre ambos, incluyendo depósitos en efectivo, adquisición de vehículos, pagos a préstamos y tarjetas de crédito, y gastos superiores a los ingresos declarados.

De las irregularidades, Soto Lazo acumula 18 por un total de $332,409.19, mientras que Vanessa Hándal de Lazo registra siete inconsistencias por $60,585.43. La Unidad Anticorrupción señaló que no se pudo justificar el origen de estos fondos.

La Fiscalía solicitó que se aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, que prevé multas y restitución al Estado de los bienes obtenidos de manera indebida, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

La audiencia probatoria será la última diligencia del proceso y definirá si ambos son responsables de enriquecimiento ilícito sin causa justificada.