La administración del presidente Donald Trump ha emitido una nueva orden que elimina las audiencias de fianza para migrantes indocumentados detenidos, una medida que podría mantenerlos encarcelados por meses o incluso años mientras enfrentan su proceso de deportación.

La instrucción, fechada el 8 de julio y firmada por Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), establece que ningún detenido será liberado mientras su caso esté pendiente, sin importar si fue arrestado en la frontera o dentro del país, ni cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos.

Hasta ahora, solo los migrantes capturados en la frontera quedaban automáticamente en detención sin opción de fianza. Con este cambio, se amplía la medida a todos los casos, restringiendo aún más el acceso a la libertad condicional. Además, la decisión de conceder o negar la fianza ya no recaerá en jueces migratorios, sino en oficiales de ICE, reduciendo significativamente las posibilidades de obtenerla.

Lyons señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) han modificado su postura legal sobre la política de detención, concluyendo que los inmigrantes deben permanecer bajo custodia durante todo el proceso, sin excepción.

Abogados y organizaciones defensoras de migrantes han expresado su preocupación. Fernando Romo, de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, señaló que la medida “prácticamente imposibilita” que los inmigrantes puedan presentar su defensa en libertad, y que muchos podrían verse obligados a aceptar una deportación acelerada.

El atasco judicial agrava la situación: más de 3.5 millones de casos migratorios están pendientes, lo que significa que muchos detenidos podrían pasar años encerrados antes de una resolución.

Aaron Reichlin-Melnick, abogado del American Immigration Council, criticó la decisión y acusó a Trump de aplicar políticas que antes condenaba, especialmente aquellas que restringen la liberación de migrantes.

La medida llega tras la aprobación de un presupuesto federal que destina $45,000 millones a ICE, con el objetivo de aumentar la capacidad de detención a 100,000 camas diarias. En estados como Florida, se han renovado contratos con centros de detención como “Alcatraz Caimán”, ubicado en una zona de humedales cerca de Miami.