El juicio contra 248 integrantes de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS), facción de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), concluyó en la tarde del día martes en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en San Salvador. Los procesados enfrentan cargos por 235 delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad, incluyendo casos de alto impacto como las desapariciones de los hermanos Guerrero Toledo y la exfutbolista Jimena Granados Ramírez.

Entre los imputados figuran desde cabecillas conocidos como “corredores”, hasta colaboradores logísticos, todos señalados por delitos como homicidios agravados, desapariciones, feminicidios, extorsión, tráfico ilícito de drogas, privaciones de libertad, usurpación de inmuebles y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó más de 81 testimonios y múltiples pruebas periciales y documentales que vinculan a la estructura con estos crímenes.

Uno de los casos que marcó la etapa probatoria fue la desaparición de Karen y Eduardo Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, respectivamente. Ambos abordaron un taxi pirata el 18 de septiembre de 2021 en Santa Tecla. Sus cuerpos fueron localizados el 23 de diciembre del mismo año en una fosa clandestina en la finca Suiza, ubicada en Nuevo Cuscatlán. El Instituto de Medicina Legal confirmó sus identidades mediante análisis de ADN.

En otro hecho, la deportista Jimena Granados, exjugadora del Atlético Marte Femenil, fue vista por última vez el 23 de octubre de 2021 en Santa Tecla. Su desaparición también se le atribuye a esta misma estructura criminal.

Durante el proceso, la FGR detalló que los pandilleros eran responsables de al menos 40 homicidios agravados, 20 desapariciones, dos feminicidios, más de 86 casos de extorsión y 30 vinculados al narcotráfico. La red operaba en distintos puntos del departamento, y las autoridades ubicaron cementerios clandestinos tanto en la finca Suiza (Nuevo Cuscatlán) como en la finca Germanía (Comasagua).

Las extorsiones afectaron a comerciantes y empresarios del transporte público, quienes fueron obligados a pagar cuotas bajo amenaza. Según la Fiscalía, las víctimas vivieron en constante zozobra por las exigencias de la estructura delictiva.

El Tribunal programó la lectura del fallo para los días 29 y 30 de octubre, a las 9:30 a. m., donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados.