El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, oficializó este lunes la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos afganos, una medida que pone en riesgo de deportación a más de 9,000 personas que viven y trabajan legalmente en el país.

La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se basa en el argumento de que la situación en Afganistán ha mejorado significativamente desde la salida de las tropas estadounidenses en 2021. Según el comunicado, “ya no se considera que el regreso de los ciudadanos afganos represente una amenaza a su seguridad personal”.

El TPS había sido otorgado por el expresidente Joe Biden tras la retirada militar de EE.UU. y el regreso del régimen talibán al poder. En ese contexto, la medida buscaba brindar protección humanitaria a quienes huían de una situación de alta inestabilidad política, represión y crisis humanitaria.

Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se oponen al fin del programa. La semana pasada, presentaron una demanda para bloquear la medida, argumentando que la decisión expone a los beneficiarios del TPS a peligros como la hambruna, la persecución y los abusos de derechos humanos en su país de origen. También alegan que el Gobierno no ha seguido los procedimientos legales correspondientes y que la decisión podría estar motivada por prejuicios raciales.

La medida ha sido tomada en medio de gestos recientes entre Estados Unidos y el gobierno talibán que apuntan a mejorar la relación bilateral. A inicios de abril, una delegación estadounidense visitó Kabul, marcando el primer contacto directo desde que los talibanes retomaron el control del país en agosto de 2021.

A pesar de estas señales, el régimen talibán sigue sin reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional, lo que limita su acceso a cooperación internacional y plataformas diplomáticas.