Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes la propuesta de Ley Anticorrupción. La nueva normativa obligará a los empleados públicos a declarar anualmente su patrimonio y el de su familia ante el Ministerio de Hacienda.

La ley tiene como objetivo “prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.

La legislación se aplicará a empleados y servidores públicos, así como a agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno. Para garantizar su cumplimiento, se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, encargado de la regulación y verificación del patrimonio de los funcionarios.

Uno de los aspectos más destacados del decreto es la obligación de presentar, anualmente, una declaración patrimonial junto con la declaración del impuesto sobre la renta. Esta declaración incluirá información sobre los activos y pasivos del funcionario, su cónyuge o conviviente e hijos, y será de carácter público, permitiendo a cualquier ciudadano su consulta.

La ley establece además un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Como parte de estas medidas, se creará un Centro Nacional Anticorrupción dentro de la FGR, el cual contará con tecnología avanzada para realizar labores de inteligencia y auditoría.