Este lunes 23 de diciembre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 49 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma la Constitución local en materia de Reforma al Poder Judicial. Esta reforma busca alinear la normatividad capitalina con el mandato federal, permitiendo la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados en la Ciudad de México. La iniciativa responde a la necesidad de adecuar las leyes locales a los lineamientos establecidos a nivel federal, y establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas realicen las modificaciones necesarias.

Durante la discusión, diversos legisladores expresaron sus opiniones sobre los beneficios y posibles inconvenientes de la reforma. La diputada Daniela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la reforma responde a la obligación legislativa de aplicar los ajustes necesarios para cumplir con los lineamientos federales. En ese sentido, se ajustaron detalles técnicos en la redacción, como la inclusión de la palabra “ordinario” en el artículo 25, para dar mayor claridad a los procesos judiciales extraordinarios que se mencionan en la reforma.

Una de las modificaciones más relevantes es la inclusión del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el proceso de elección de magistrados y jueces, lo que permitirá una mayor transparencia en estos nombramientos. Además, se aclaró en el artículo transitorio II que en los procesos extraordinarios, las elecciones cubrirán un porcentaje mínimo del 30% de los cargos judiciales vacantes, asegurando una renovación escalonada de los puestos.

Legisladores de diferentes partidos políticos ofrecieron sus perspectivas sobre el impacto de la reforma. La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) resaltó que la reforma fortalecerá un Poder Judicial más cercano y accesible, promoviendo la equidad de género y la participación ciudadana. Por su parte, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) subrayó que por primera vez los ciudadanos podrán participar activamente en la elección de jueces y magistrados, lo que representa un avance para la democracia.

Sin embargo, los opositores a la reforma, como la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN), expresaron su preocupación por el impacto que tendría la reforma en el equilibrio entre los poderes, argumentando que esta podría someter al Poder Judicial al control del gobierno. El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) también criticó el proceso, alegando que la reforma es una simulación controlada por un grupo político.

Con la aprobación de esta reforma, el Congreso local ahora tiene un plazo de 180 días para ajustar la Constitución capitalina, permitiendo que la ciudadanía tenga una participación más activa en la selección de los jueces y magistrados, lo que podría transformar el sistema judicial en la Ciudad de México.