Las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares de élite y un agente de la Policía Federal acusados de conspirar para asesinar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su vicepresidente Geraldo Alckmin tras las elecciones presidenciales de 2022.

Según la Policía Federal, el grupo diseñó un plan denominado “Puñal Verde y Amarillo”, que pretendía ejecutarse el 15 de diciembre de 2022. La planificación incluía el asesinato de Lula, entonces presidente electo, en un operativo cuidadosamente elaborado.

Entre los detenidos figuran el general en la reserva Mario Fernandes, el teniente coronel Helio Ferreira Lima, el mayor Rodrigo Bezerra Azevedo y el mayor Rafael Martins de Oliveira, todos vinculados a las fuerzas especiales conocidas como kids pretos. También fue arrestado Wladimir Matos Soares, un agente de la Policía Federal.

Uno de los militares detenidos ocupó un alto cargo en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, desempeñándose como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia en 2022.

Las detenciones tuvieron lugar en Río de Janeiro, mientras los implicados participaban en el operativo de seguridad por la cumbre del G20. La operación, bautizada como Contragolpe, forma parte de las investigaciones sobre los actos antidemocráticos ocurridos tras las elecciones de 2022, que culminaron con el intento de golpe de Estado perpetrado por seguidores de Bolsonaro en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El caso será juzgado por Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, conocido por sus medidas para proteger las instituciones brasileñas y perseguir a extremistas. Estas detenciones destacan la gravedad de las amenazas que enfrentó la democracia brasileña en el período posterior a las elecciones.