Un tribunal español ha revocado los cargos de soborno contra el Barcelona con relación a un escándalo de corrupción arbitral, deteniendo así la investigación sobre el presidente Joan Laporta. Sin embargo, ex presidentes como Josep María Bartomeu y Sandro Rosell continúan bajo indagación por presunta corrupción deportiva, después de que se descubriera que el club pagó más de 7,3 millones de euros a un antiguo responsable del colectivo de árbitros entre 1994 y 2018.

Los fiscales sospechan que el Barcelona pagó a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para influir en las decisiones arbitrales. Aunque el club ha expresado su confianza en la justicia para aclarar los hechos y demostrar su inocencia, la decisión del tribunal se basa en que Negreira no puede ser considerado un funcionario público durante su mandato en el CTA.

La investigación se inició en marzo de 2023, tras la detección de irregularidades en los pagos de impuestos de la empresa propiedad de Negreira. El Barcelona ha declarado que los pagos a la empresa se realizaron por servicios de asesoramiento en cuestiones arbitrales y elaboración de informes sobre árbitros.