Desde el pasado 13 de mayo, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el proyecto de la nueva Ley de Educación Superior, el cual introduce cambios significativos en el sistema educativo del país. El artículo 91 del proyecto establece que todas las instituciones de educación superior autorizadas deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación institucional. Este cambio tiene como objetivo asegurar la calidad de la educación ofrecida en el país.

Una de las principales modificaciones es el cambio de nombre de la actual Comisión de Acreditación de la Calidad Académica, que pasará a llamarse Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Conaces). Este nuevo consejo gestionará el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y estará compuesto por cinco académicos nombrados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) por un periodo de cinco años.

El proyecto de ley otorga un periodo de tres años para que las instituciones de educación superior sin acreditación se ajusten a los nuevos requisitos. Según el artículo 133, estas instituciones deberán someterse al proceso de acreditación dentro de este plazo. El resultado de dicho proceso puede variar: una institución puede resultar no acreditada, candidata a la acreditación, o lograr una acreditación por cuatro, seis u ocho años, dependiendo del cumplimiento de los indicadores establecidos en un manual de acreditación.

El académico Óscar Picardo expresó su preocupación en una columna de opinión publicada en el Diario de Hoy, advirtiendo que la obligatoriedad de la acreditación podría llevar a que todas las instituciones sean acreditadas, incluso aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas de funcionamiento.

Además de los cambios en el proceso de acreditación, el proyecto de ley introduce nuevas causales de remoción para los miembros del Conaces y del Consejo de Educación Superior (CES). La “máxima autoridad del Mineducyt” tendrá la potestad de remover a estos miembros por razones como ineptitud, abuso de autoridad, abandono del cargo, condenas por delitos, entre otras. Esta es una novedad respecto a la actual Ley de Educación Superior, que no contempla estas causales.

El CES también sufrirá cambios en su composición. Según el nuevo proyecto, estará conformado por dos representantes del Mineducyt, cuatro representantes de la educación superior (dos de instituciones estatales y dos privadas), un representante de las asociaciones de profesionales, uno del sector empresarial organizado y uno de los Megatec. La mención expresa de un representante de la Universidad de El Salvador (UES), presente en la ley actual, ha sido eliminada en el nuevo proyecto.

Estos cambios propuestos en la Ley de Educación Superior buscan fortalecer el sistema educativo del país mediante una acreditación obligatoria y la reestructuración de los organismos encargados de supervisar y garantizar la calidad educativa. Sin embargo, las críticas y preocupaciones expresadas por algunos sectores académicos reflejan la complejidad y los retos que implica la implementación de estas nuevas normativas.