La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una condena contra El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, su padre y su colaboradora, ocurrida en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos considerados subversivos.

En la sentencia, la CorteIDH estableció que el Estado salvadoreño es responsable por la sustracción y desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero. La desaparición, según la Corte, es atribuible al Estado.

Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos, desapareció el 28 de julio de 1982, cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería. Ese mismo día, su padre y la colaboradora doméstica fueron sacados violentamente de su casa. 

La sentencia detalla que un día antes de su desaparición, Patricia Cuéllar había denunciado persecución por parte de cuerpos de seguridad mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador.

De esta manera, la CorteIDH determinó que el Estado salvadoreño violó diversos derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación de Patricia Cuéllar al impedir su labor de promoción, defensa y denuncia en el ámbito de los derechos humanos. 

Asimismo, se encontró que el Estado violó su obligación de realizar una búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas, así como otros derechos relacionados con la protección de la familia y los derechos de la niñez.