La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles la reforma de las normas relacionadas con el proyecto de canal interoceánico que se había propuesto hace 12 años, derogando una ley que había concedido la construcción y gestión del canal a un empresario chino.

La derogación de la ley 840, que había otorgado en 2013 la planificación, construcción y gestión del canal al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), marca un cambio significativo en la dirección del proyecto, que nunca llegó a materializarse a pesar del inicio simbólico de las obras en 2014.

La reforma, propuesta por el presidente Daniel Ortega y aprobada por unanimidad en la Asamblea, tiene como objetivo “fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional” según la vicepresidenta de la Asamblea, Raquel Dixon.

El proyecto de canal, que tendría una longitud de unos 278 kilómetros y competiría con el Canal de Panamá, había generado escepticismo sobre su viabilidad y preocupación sobre sus posibles impactos ambientales y sociales.

La reforma implica también cambios en la estructura de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que ahora estará encabezada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, todos funcionarios del gobierno, en lugar de una directiva de seis miembros como establecía la ley anterior.

El gobierno nicaragüense justificó la reforma como una necesidad para adaptarse a los cambios y mantener una gestión óptima del proyecto, aunque aún no está claro cómo se avanzará en la planificación y ejecución del canal.