El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, hizo un llamado este lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa para que eliminen la facultad de los concejos municipales de aumentar sus propios salarios, sin la posibilidad de reducirlos. En una declaración contundente, el funcionario municipal instó a establecer un límite para los salarios de alcaldes y concejales, argumentando en favor de una gestión más transparente y equitativa.

Durante su primera sesión como alcalde, Castro tomó la iniciativa de reducir su propio salario a $500, sin ningún tipo de dietas adicionales. En su solicitud a los diputados, enfatizó la importancia de regular los salarios municipales para garantizar una administración responsable de los recursos públicos.

Castro respaldó su petición con documentos que confirman su membresía en la Asociación de Municipios Trifinio y la Asociación Ecológica de los Municipios de Santa Ana (Asemusa), organizaciones de las cuales no recibe ninguna remuneración ni dieta.

Este llamado del alcalde de Santa Ana Oeste surge en medio de controversias tras la toma de posesión de los nuevos concejos municipales para el período 2024-2027, donde se han registrado aumentos salariales por parte de algunos alcaldes de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Como respuesta, el partido naranja inició procesos disciplinarios y suspendió los derechos de los alcaldes implicados.

Por su parte, el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah, advirtió que cualquier alcalde o concejal del partido oficialista que aumente salarios o dietas será expulsado del partido, enfatizando la necesidad de una gestión austera y transparente en todas las instancias municipales.

En el contexto de El Salvador, donde los salarios de los alcaldes han oscilado entre $1,000 y más de $8,000 mensuales, esta solicitud busca mantener los niveles salariales dentro de límites razonables y acordes con las realidades económicas locales.

Además de la regulación de salarios, Castro también abogó por una mayor transparencia en los gastos administrativos municipales. Se ha destacado la falta de publicación de acuerdos administrativos y actas municipales en las primeras sesiones de los concejos municipales, con casos como San Salvador, que redirigió a documentación obsoleta. Además, se ha informado sobre gastos considerables en seguros privados para empleados y funcionarios municipales, lo que subraya la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en el manejo de fondos públicos.