El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ha fijado la fecha para el juicio contra cuatro exfiscales y dos trabajadoras administrativas de la Fiscalía General de la República, todos vinculados al caso conocido como “Corruptela”, en el que se encuentra implicado el exfiscal general, Luis Martínez, por el delito de cohecho (soborno).

La audiencia está programada para llevarse a cabo del 18 al 27 de junio, a las 9:00 de la mañana, en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, utilizando la modalidad de videoconferencia.

Los seis exfiscales que enfrentarán el juicio son: Edwin Giovanni Hernández Gutiérrez, Damián Cabrera Bernal, Carolina Janette Manzanares de Flores y Mauricio Albertio Aguilar Rivas. Además, han sido convocados los testigos con clave de régimen de protección “Jucuapa” y “Pino”.

También se ha citado a las víctimas subsidiarias Mario Ricardo Calderón Castillo y René Alberto Medrano, a quienes el tribunal les ha requerido comparecer bajo la prevención de apremio, advirtiéndoles la posibilidad de enfrentar cargos por desobediencia a mandato judicial en caso de no comparecer.

Los cargos específicos varían para cada acusado: el exfiscal Edwin Geovanny Hernández enfrenta cargos por peculado por culpa y falsedad documental agravada; Damián Cabrera por peculado por culpa; las exfiscales Carolina Janette y Yesenia Aguilar por omisión de investigación, privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas. En cuanto a los empleados administrativos, Marta Colindres es procesada por privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas, y Mauricio Aguilar por omisión de investigación.

Según la acusación del Ministerio Público, los empleados administrativos habrían colaborado en el desvío de aproximadamente $400,000 de la institución, mientras que los exfiscales habrían cometido una serie de irregularidades contra personas que luego fueron judicializadas. Se les reprocha haber archivado diligencias sobre delitos cometidos, fabricar casos con documentos falsos y girar órdenes de captura ilegales supuestamente por instigación del empresario Enrique Rais.

Entre las víctimas del presunto abuso de poder se encuentra el abogado Mario Calderón, quien pasó 17 meses detenido injustamente después de ser acusado de extorsión por los exfiscales en relación con el empresario Enrique Raís.

Inicialmente, el caso estaba asignado al Tribunal Primero de Sentencia, pero la jueza Margareth Castro Avilés se excusó del caso debido a su amistad con una de las exfiscales procesadas, argumentando una posible falta de imparcialidad en el proceso. Una Cámara de lo Penal determinó que el caso sea conocido por el Tribunal Sexto de Sentencia de forma colegiada.