Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han solicitado a Ecuador a garantizar justicia y reparación a las víctimas de esclavitud moderna en el país, en medio de dos juicios pioneros por presunta trata de más de 330 personas con fines de explotación laboral.

Las presuntas violaciones se habrían producido en las haciendas propiedad de la empresa para la cosecha de abacá, una planta de gran tamaño recolectada por su fibra, ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

En 2021, la justicia ordinaria ecuatoriana reconoció por primera vez que las condiciones de trabajo en estas plantaciones constituían “una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre, el derecho a la salud, la vivienda y la educación”.

Como resultado, la autoridad judicial ordenó tanto a Furukawa Plantaciones como al Estado ecuatoriano aplicar medidas de reparación a las víctimas, incluyendo indemnizaciones económicas y disculpas públicas.

Sin embargo, en un reciente desarrollo, el Tribunal de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó solo la responsabilidad de la empresa, exonerando al Estado ecuatoriano de cualquier responsabilidad en el caso.

Finalmente, se espera que este caso continúe generando debate y presión para asegurar que Ecuador cumpla con sus obligaciones internacionales en la protección de los derechos humanos y la erradicación de la esclavitud moderna en todas sus formas.