El próximo mes marca el vencimiento del plazo otorgado a los transportistas en El Salvador para recibir una compensación económica de 500 dólares por bus y 250 dólares por microbús, a cambio de mantener sin aumentos las tarifas de pasaje. La incertidumbre reina sobre si esta medida será extendida, ya que la decisión está en manos de la Asamblea Legislativa.

El debate sobre la continuidad de esta compensación económica se intensifica en los próximos días, con posibles repercusiones en el sector del transporte público. La opinión de los usuarios, especialmente en un contexto donde el sector enfrenta críticas por violaciones al reglamento de tránsito y maltrato al usuario, se vuelve crucial.

Por otro lado, los empresarios del transporte han solicitado al gobierno la liberación de la tarifa del pasaje, argumentando una crisis económica que enfrentan. Sin embargo, esta propuesta no encuentra apoyo entre los usuarios, quienes temen un impacto negativo en sus finanzas y en su capacidad adquisitiva.

Las estadísticas gubernamentales muestran una preocupante disminución en el número de unidades de transporte público en los últimos cuatro meses, con 186 unidades retiradas del servicio. Los propietarios de buses sostienen que la cifra asciende a casi 900 unidades, lo que complica la movilidad de miles de personas en un país donde el 70% de la población depende del transporte público.

Recientemente, los empresarios han exigido al gobierno el pago de una deuda acumulada de ocho meses. Ante la falta de pago, advierten que se verán obligados a reducir operaciones y a no renovar más de 500 unidades que ya han cumplido su vida útil este año, lo que podría tener serias repercusiones en el transporte público del país.