El Comité de Familiares Víctimas del Régimen del Bajo Lempa emitió una carta dirigida al fiscal general, Rodolfo Delgado, exigiendo una pronta acción para agilizar las investigaciones sobre alrededor de 130 personas detenidas desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador.

La preocupación surge principalmente entre los habitantes del municipio de Jiquilisco y localidades cercanas en el departamento de Usulután, quienes desconocen las condiciones en que se encuentran sus seres queridos detenidos y las razones detrás de sus arrestos. Según afirman, muchos de los detenidos son trabajadores inocentes, como albañiles, electricistas y jornaleros.

Gladis González, representante del Comité, expresó: “Necesitamos que al menos se les otorgue su libertad, que se aceleren los procesos legales y que se revisen sus casos, ya que desconocemos su estado de salud. Tememos que muchos de ellos mueran dentro de las cárceles, como ya ha sucedido”.

La petición principal es que los jueces consideren otorgar medidas sustitutivas a la detención para los procesados, con el fin de garantizar su bienestar y evitar más pérdidas humanas dentro de las prisiones.

Abraham Ábrego, director del Programa de Litigio Estratégico de Cristosal, respaldó estas demandas y destacó la falta de progreso en los casos judiciales que ya llevan más de dos años sin resolución. “No es justo que personas inocentes permanezcan detenidas durante tanto tiempo mientras esperan un proceso que se ha retrasado enormemente”, declaró Ábrego.

En una conferencia de prensa previa a la entrega de la carta, Marcela Alvarado, madre de José Duval, uno de los detenidos desde abril de 2022, expresó su angustia por la falta de información sobre su hijo, a pesar de que ya se emitieron dos órdenes de liberación a su favor. “El juez no me da respuestas, no sé dónde está mi hijo después de casi dos años. Quiero saber sobre su salud o que lo entreguen con medidas sustitutivas en mi hogar”, lamentó Alvarado.

La comunidad y las organizaciones de derechos humanos urgen a las autoridades salvadoreñas a tomar medidas inmediatas para garantizar la justicia y proteger los derechos de aquellos que han sido detenidos injustamente durante este periodo de excepción.