Enrique Anaya, reconocido abogado constitucionalista, informó el lunes 8 de abril durante una entrevista en la emisora 106.9 que varios magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, destituidos el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, han llevado sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su consideración.

Según Anaya, al menos dos o tres de los magistrados destituidos han presentado sus casos ante la CIDH, argumentando que sus destituciones violan los parámetros mínimos establecidos por la constitución y el Pacto de San José. El abogado comparó este caso con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de magistrados en Honduras en 2012, destacando que esta sentencia sienta un precedente importante.

La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado hondureño y ordenó indemnizaciones para los magistrados afectados, así como cambios en la legislatura para evitar repeticiones de estos hechos. Anaya sugiere que el caso de El Salvador podría tener un desenlace similar, ya que considera que las circunstancias son comparables y que la Corte IDH está obligada a resolver de manera coherente casos similares.

El abogado también señaló los costos económicos que enfrentaría El Salvador por la destitución de estos magistrados, estimando que podrían ascender a varios millones de dólares en indemnizaciones. Destacó que los magistrados destituidos habían sido nombrados en 2018 y terminarían sus mandatos en 2027, pero fueron destituidos a menos de tres años de haber sido nombrados, lo que constituye una violación a sus derechos.

Anaya enfatizó que las resoluciones de la Corte IDH no determinan las responsabilidades de manera individual, sino que responsabilizan al Estado en su conjunto. Esto sugiere que, en caso de una sentencia desfavorable, El Salvador sería responsable de compensar a los magistrados destituidos por los daños y perjuicios sufridos.