La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una condena contra el Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012. Esta decisión se produce después de que los magistrados emitieran fallos contrarios a proyectos del entonces presidente Porfirio Lobo.

En la sentencia emitida este lunes 1 de abril de 2024, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo de la Corte IDH establece que el Estado de Honduras no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y no cumplió con su deber de investigar las amenazas y hostigamientos recibidos por las víctimas, ni de establecer medidas de protección.

La sentencia determina que el Estado es responsable por la violación de varios derechos, incluidos el derecho a las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos, la protección judicial, el derecho al trabajo y la integridad personal.

El caso se remonta a 2012, cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas gubernamentales relacionadas con las “ciudades modelo” y la “Ley de depuración policial”, lo que generó presiones y hostigamientos por parte de las autoridades, incluido el presidente Porfirio Lobo.

La destitución de los magistrados se llevó a cabo sin respetar las garantías judiciales, en un acto de desviación de poder para ejercer presión sobre el Poder Judicial, según indica la sentencia de la CorteIDH.

La Corte IDH ordenó al Estado de Honduras realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, indemnizar a las víctimas y realizar cambios legislativos para evitar casos similares en el futuro.

Esta sentencia también establece un importante precedente para el caso de El Salvador, donde cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos en 2021. Abogados constitucionalistas consideran que la sentencia de la Corte IDH en el caso hondureño es relevante para la causa salvadoreña y confirma la ilegalidad de la destitución de los magistrados en El Salvador.