El Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó medidas legales contra Apple, acusándola de mantener un monopolio ilegal en sus dispositivos iPhone, lo que resulta en altos costos para los consumidores y ahoga la competencia en el mercado de smartphones.

El fiscal general Merrick Garland afirmó que si Apple no cambia sus prácticas, solo fortalecerá su posición de monopolio en la industria de los teléfonos inteligentes, lo cual va en contra del interés de los consumidores y las leyes antimonopolio.

La demanda argumenta que Apple impide a otras empresas competir equitativamente al imponer restricciones en su App Store y cobrar comisiones excesivas por las transacciones realizadas en sus aplicaciones. Además, se señala que la empresa obstaculiza el desarrollo de servicios que podrían utilizarse en dispositivos de la competencia.

El gobierno estadounidense basa su caso en documentos internos de Apple que, según ellos, demuestran el intento consciente de la empresa por limitar la competencia y la innovación en el mercado de smartphones.

Apple ha respondido negando las acusaciones y advirtiendo que el caso podría tener repercusiones negativas en la industria tecnológica, al dar al gobierno poder para influir en el diseño de productos tecnológicos.

Esta demanda se suma a otras acciones legales previas, incluyendo la demanda de Epic Games contra Apple por las políticas de la App Store, lo que refleja un aumento en la presión regulatoria sobre las grandes empresas de tecnología en Estados Unidos.

En respuesta a la demanda, las acciones de Apple experimentaron una caída en la bolsa de valores de Nueva York.