El Mecanismo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelaron en un informe que, hasta el 31 de diciembre de 2023, el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mantenía 119 personas como presos políticos. Entre ellos figuran líderes religiosos, como monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de las diócesis de Matagalpa y Estelí, condenado a más de 26 años de prisión por negarse a ser expulsado a Estados Unidos.

Además, el informe también destaca la detención de monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de Siuna, junto a otros líderes religiosos y sacerdotes como Carlos Avilés, Pablo Villafranca, Héctor Treminio, y Silvio Fonseca, todos vinculados a la Arquidiócesis de Managua, entre otros miembros del clero de distintas diócesis.

Finalmente, estos arrestos se suman a una serie de liberaciones y envíos al Vaticano y Estados Unidos, como ocurrió el 18 de octubre, cuando el Gobierno excarceló a 12 sacerdotes bajo un acuerdo con la Santa Sede. Previamente, el 9 de febrero de 2023, se liberaron a otros 8 sacerdotes, enviados a Estados Unidos como parte de un grupo de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.